Por: Mario Huamán Rivera

SG FTCCP y Presidente de CGTP

 

Las declaraciones de Barata, principal responsable de la empresa Odebrecht en el Perú, parecen confirmar lo que todos pensábamos, que el grueso de la clase política peruana ha recibido cuantiosas sumas de dinero ilícito para sus campañas electorales.

Esta situación confirma que el sistema de corrupción consolidado por el fujimorismo en los años 90 ha permanecido funcionando. Corporaciones extranjeras, políticos y autoridades están comprometidos en la amplia red de sobornos y coimas.

Barata ha señalado que entregó dinero a Susana de la Puente para PPK; a Avi Dan On, en el caso de Toledo; a Luis Alva Castro, para Alan García; a través de Jaime Yoshiyama y de Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP, en el caso Keiko Fujimori, y a Nadine Heredia para Ollanta Humala. También se ha señalado que se entregó dinero para la campaña en contra de la revocatoria de Susana Villarán.

La situación de crisis política es dramática y nos obliga a plantear medidas excepcionales si queremos limpiar el sistema político. El día de mañana los trabajadores organizados en la CGTP tendremos nuestra Asamblea Nacional de Delegados para discutir el plan de lucha que debemos desarrollar en la presente coyuntura. En nuestro horizonte tenemos el próximo Paro Nacional que debe ser la respuesta contundente para avanzar en la construcción de una nueva democracia de las mayorías, del pueblo, porque la democracia de los ricos ha colapsado, por incapaz y ladrona.

La semana pasada, los trabajadores de la construcción realizamos nuestra V Asamblea Nacional de Delegados en donde se aprobó nuestro pliego de reclamos por rama de actividad. Asimismo, nos comprometimos a brindar nuestro firme apoyo a la reactivación económica del sector de la construcción.

También impulsar un nuevo diseño institucional que permita al pueblo gobernar en beneficio de las mayorías, donde el fin supremo sea el bienestar de la persona humana y no el fundamentalismo del libre mercado, para esclavizar a la juventud como pretende la derecha política-empresarial, que se solaza en la cúspide de la corrupción sin una gota de vergüenza.

La ciudadanía exige que se vayan los corruptos, por nuevas elecciones generales y una nueva Constitución. Queda claro que la Constitución de 1993 que impuso Fujimori, soporte jurídico del capitalismo neoliberal en el Perú, es un completo fracaso.

Fuente; Diario UNO: 

 

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